La CNMC abre un expediente sancionador a empresas de Endesa por posibles prácticas anticompetitivas

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia investiga a E-Distribución Redes Digitales, Endesa Operaciones y Servicios Comerciales, y a sus respectivas matrices, Endesa y Endesa Energía, por un posible abuso de posición de dominio en el mercado de la distribución eléctrica. Entre 2020 y 2023, Endesa habría priorizado las solicitudes, incidencias y reclamaciones de sus filiales frente a empresas competidoras.

Las prácticas afectarían a todos los territorios donde el Grupo Endesa opera como distribuidora: Andalucía, Aragón, parte de Castilla y León, Cataluña, Galicia, Islas Baleares, Islas Canarias, ciudad autónoma de Ceuta y la provincia de Badajoz. La investigación se centra en el presunto trato discriminatorio y preferente que el Grupo Endesa habría dado a la resolución de solicitudes, reclamaciones e incidencias de sus propias filiales, en detrimento de terceras empresas competidoras. La CNMC recibió varias denuncias e inspeccionó dos sedes del Grupo Endesa en junio de 2023. En concreto, denuncias contra E-Distribución por prácticas contrarias a la Ley de Defensa de la Competencia (LDC), e inició una información reservada (apartado 2 del artículo 49 de la LDC). En este sentido, en junio de 2023, personal de la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia inspeccionó dos sedes de varias sociedades del Grupo Endesa.

Entre otros, se analizan los trámites relacionados con la comercialización de energía eléctrica, la instalación de equipos y prestación de servicios de medida eléctrica, la prestación de servicios energéticos, así como la instalación y operación del autoconsumo, vinculado al mercado de generación distribuida.

La incoación de este expediente por posibles conductas contrarias al artículo 2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC) y al artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea no prejuzga el resultado final de la investigación. Ahora Competencia abre un periodo máximo de 24 meses para su instrucción y resolución.