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Afbel “llama a la acción ante el previsible impacto negativo en los costes industriales de electricidad”

La Asociación Española de Fabricantes de Bienes de Equipo Eléctrico advierte del “impacto negativo” de la aplicación del Real Decreto Ley 7/2021 en los costes industriales de electricidad y en la competitividad, “pues supone de facto la creación de una nueva tasa a toda la energía eléctrica no emisora, proporcional a la subida del coste del gas”. Según Afbel, “la nueva tasa representa una modificación, sin previo aviso, de las reglas del juego existentes, afectando tanto a los contratos ya firmados a precios inferiores a los del mercado actual como a la futura contratación de electricidad que estará sujeta la volatilidad de los precios”, y añaden que “nuestras empresas necesitan un entorno regulatorio estable y conocido, sobre todo, en estos momentos de inicio de recuperación económica tras los efectos sufridos por la pandemia. Así lo afirma Guillermo Amann, presidente de la asociación, que asegura también que “la consecuencia más grave para el sector de tecnología para la red eléctrica de transporte y distribución, por la inmediatez de su repercusión, es la inseguridad jurídica derivada de la adopción del citado real decreto”. Ya se han producido anuncios de reducción o paralización de inversiones en el ámbito de la generación eléctrica y muy especialmente en el sector de la generación renovable, que afectarán de forma significativa a diferentes sectores industriales.

 

Por todo ello, la asociación demanda “como primera medida aclaratoria la exclusión de la aplicación del RDL 17/21 a todos los contratos bilaterales a precio fijo, para proteger la seguridad jurídica y la actividad de las empresas en general y del sector de bienes de equipo eléctrico en particular”. Consideran también que dicha exclusión, se debería aplicar no solo a los contratos previos a la aplicación del Real Decreto sino a sus futuras renovaciones e incluso a los nuevos contratos a plazo.

Y en la medida en que sus empresas dependen “en gran medida de las inversiones en generación eléctrica”, la asociación también pide que se clarifique la afectación de la aplicación del RDL para evitar una fuga de inversiones en el sector de renovables, que supondría una catástrofe en competitividad y el empleo en el mercado de los bienes de equipo eléctrico, además de dificultar el cumplimento de los objetivos establecidos por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030.

Finalmente consideran que como sector clave en la transición energética, deberían ser consultados previamente a la adopción de medidas normativas que, como este Real Decreto Ley, pueden llegar a resultar tan lesivos para su actividad. “La política energética debe estar totalmente alineada con las necesidades industriales y poner su foco en la competitividad económica y en la protección medioambiental, sin menoscabo de ninguna de las dos” concluye Amann, que aboga “por un Pacto de Estado, alejado de apriorismos y con visión de futuro que dote de estabilidad a la política energética a largo plazo y lleve a cabo la reforma del actual sistema de fijación de precios en el mercado mayorista”.