La PMcM denuncia posibles prácticas irregulares en los pagos de las Administraciones Públicas a sus proveedores

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha constatado que existen importantes diferencias entre los plazos medios de pago de las Administraciones Públicas procedentes del Ministerio de Hacienda de los obtenidos por entidades especializadas en morosidad, y concluyen que ello apunta a “posibles prácticas realizadas por las Administraciones Públicas fuera de toda legalidad».

Según la PMcM, “el retraso en el registro de facturas o la reemisión de documentos con errores podría estar provocando una ampliación de los tiempos sin vulnerar formalmente la normativa, con un impacto negativo para las empresas proveedoras”. El informe del Ministerio de Hacienda señala que las comunidades autónomas pagaron, en marzo de este año, con un plazo medio de 22 días, una cifra similar a la reportada periódicamente y dentro del límite legal de 30 días. Sin embargo, el “Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2024”, de la propia Plataforma, revela que el 78 % de los proveedores de la Administración Regional asegura haber sufrido plazos de pago superiores al legalmente establecido. Y desde la PMcM añaden que “nunca han registrado plazos de pago dentro de la legalidad por parte de las Administraciones Públicas”. 

Admiten también que “los datos no tienen por qué coincidir, ya que nuestras muestras son más pequeñas y los Gobiernos disponen de información completa. Es normal que existan ciertas diferencias debido al tamaño y origen de las muestras. Sin embargo, la discrepancia entre ambos resultados es significativa, y no solo lo hemos detectado desde la PMcM, sino que también ha sido confirmada por el Observatorio de Pagos de la Unión Europea”, señala el presidente de la PMcM, Antoni Cañete.

El ejemplo del Ayuntamiento de Lugo

Ante estos resultados tan dispares, la PMcM ha llevado a cabo un análisis para identificar el origen del desfase entre los datos oficiales del Ministerio y los obtenidos por su propia entidad y otras como Intrum. Las “posibles irregularidades cometidas antes del registro oficial de las facturas” a las que aluden, “perjudican directamente a los proveedores”, en su opinión, y añaden que “se han detectado prácticas para retrasar intencionadamente dicho registro, de forma que el tiempo previo no compute legalmente y, por tanto, los plazos de pago puedan extenderse sin infringir la ley”. En este sentido, ponen el ejemplo del Ayuntamiento de Lugo que, “presuntamente”, llevó a cabo recientemente esta práctica. Otro posible factor que explica la divergencia de datos tiene que ver con la constante reemisión de facturas debido a errores. Como el cómputo del plazo de pago (el dies a quo) comienza con la emisión definitiva de la factura, este procedimiento reinicia el conteo cada vez que se remite una nueva versión.

La PMcM reclama reformas urgentes en el sistema FACe y una investigación sobre estas prácticas que acaban mermando la viabilidad y competitividad de las empresas.